El asalto al Capitolio, hogar del poder legislativo de los Estados Unidos, el 6 de enero ha traído una gran cantidad de consecuencias. Uno de los temas importantes es el papel que jugaron las redes sociales en este asunto.

La convocatoria de Trump a una marcha, llamada Salvar Estados Unidos – Save America, ocurrió por medio de las redes sociales a las que Trump es tan afecto. La exhortación a marchar hacia el Capitolio fue hecha en directo por él y replicada en las redes sociales. En un momento se pensó que el asunto iba a repetirse en los congresos estatales. Al ver Trump que el asunto se le salía de las manos, emitió un llamado en Twitter, exhortando a sus partidarios a que regresaran a sus hogares en paz. Cosa que no ocurrió hasta que se impuso un toque de queda y empezaron los arrestos.

Luego las redes sociales, primero Twitter y después otras más, cancelaron la cuenta de Trump por unas horas y después hasta pasado el 20 de enero. Posteriormente Twitter anunció el cierre de 70,000 cuentas de sus partidarios. Los mercados de valores tuvieron una reacción fuerte ante estas medidas: el precio de las acciones de Twitter cayó y se habló de la pérdida de valor por cientos o miles de millones de dólares.

El tema provocó en la clase política mexicana una reacción contra las empresas que bloquearon al presidente de los Estados Unidos, acusándolas de ir en contra de la libertad de expresión y llamando a boicotearlas. Creo que hay un punto a debatir.

La respuesta de Twitter, Facebook y otros se basa en que los contratos que todos aceptamos al entrar a esas redes, les permiten a las compañías expulsar a sus usuarios si no cumplen con sus criterios. Por un lado, un contrato que va contra los derechos humanos es inválido de origen. Pero, aún más, estas empresas asumen el papel de juez que está poco claro en las leyes que les permiten operar. Dado su inmenso tamaño, el poder que asumen es impresionante como en el caso de Trump, por lo que no es poca cosa dejarles aún más poder.

Esto es solo el ejemplo más notable. Los que seguimos estas redes vemos con alguna frecuencia las quejas de quienes han sido bloqueados, sin que haya un juicio y con pocas posibilidades de apelación. ¿Debemos dejar tanto poder a estas redes? Probablemente no es tampoco práctico quitarles la posibilidad de bloquear cuentas en casos muy definidos. Por ejemplo, la apología del delito, la incitación a la insurrección o a la violencia. Pero aun en esos casos, las causales deben ser muy claras y los mecanismos de apelación deben ser muy precisos. Ninguno de los dos extremos es deseable: ni que estas compañías de redes se vuelvan el “Hermano Mayor” que defina cuándo tenemos derecho de opinar ni, en el otro extremo, que no haya límites a los temas delictivos, como la calumnia, la propaganda al delito y otros similares.

Habría que desarrollar una legislación adecuada, tener jueces especializados en estos temas, pero sobre todo la figura de un ombudsperson, un procurador del usuario, elegido independientemente de la empresa por quienes utilizan esta red. Si no se ponen límites claros a estas empresas, dada su enorme penetración, terminarán siendo organizaciones con el poder de poner o quitar gobiernos, estorbar la actuación de diversas instituciones y, probablemente más importante, actuar en contra del mejor interés de sus usuarios.

Por otro lado, tampoco es deseable dejar al poder ejecutivo de los países la potestad de decidir qué es libertad de opinión, por el riesgo de que ocurra lo que pasa en los países con gobiernos autoritarios. Y mucho menos, dejar el tema del procurador del usuario a los partidos políticos. Tema difícil, espinoso, que no se resolverá con boicots como algunos piden. Las próximas semanas y meses nos dirán cuál es el resultado.

• Antonio Maza Pereda (Ciudad de México, 1946), ingeniero químico, maestro en ciencias de planeación, miembro de la Red de Comunicadores Católicos y de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS).